PROPONE COPARMEX CDMX IMPRESCRIPTIBILIDAD PARA DELITOS VINCULADOS A LA CORRUPCIÓN

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** “La corrupción es un problema enquistado, sobre todo, en la clase gobernante y le cuesta muchos miles de millones de pesos al país; esos recursos podrían ser utilizados de una manera diferente para poderle dar a México el desarrollo económico y social que nos merecemos”, destacó el presidente del Centro Empresarial, Jesús Padilla Zenteno


Ciudad de México, a 11 de Diciembre de 2017


La COPARMEX CDMX propone a la sociedad, a los legisladores actuales y a quienes competirán como candidatos en las elecciones de 2018 para que incluyan en sus campañas la iniciativa de una reforma constitucional en el sentido de que los delitos donde haya actos de corrupción sean imprescriptibles, bajo el supuesto de que con el tiempo y en acciones acumuladas, laceran, atentan y frenan el desarrollo del país.

Jesús Padilla Zenteno, presidente del Sindicato Empresarial en la Ciudad de México, recordó que la percepción sobre la corrupción en el sector público de nuestro país crece cada día, aunado a los múltiples casos de gobernadores y funcionarios señalados, investigados y detenidos en algunos casos.

Además, en los últimos años, la corrupción es percibida no sólo como un dique en el desarrollo socioeconómico de México, sino como uno de los mayores males que aquejan al país, incluso por sobre la percepción de la pobreza. 

La prescripción de la acción penal es la extinción del poder del Estado para perseguir un delito por el transcurso del tiempo, con la excepción de los de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles. 

La prescripción es la garantía de quienes son perseguidos por el Estado por el supuesto de haber cometido un delito, de ser juzgados en un plazo razonable. Esta es precisamente el eje de la propuesta que realiza COPARMEX CDMX, afirma Padilla Zenteno, porque el índice de impunidad es casi de 95 por ciento y sigue en aumento.

“Como hemos visto recientemente, la corrupción es un problema enquistado, sobre todo, en la clase gobernante y le cuesta muchos miles de millones de pesos al país; esos recursos podrían ser utilizados de una manera diferente para poderle dar a México el desarrollo económico y social que nos merecemos. Por esto mismo, desde COPARMEX CDMX creemos es un deber ayudar a fortalecer el desarrollo político y nosotros queremos contribuir a lograrlo”, expresó Padilla.

De acuerdo con datos del INEGI, el costo de la corrupción en México es de alrededor de 6 mil 400 millones de pesos, que se van en gastos por el exceso de documentación y de requisitos, como también en el desfile de ventanilla en ventanilla, sobre todo en sectores estratégicos como son seguridad pública, trámites ante el Ministerio Público y al abrir una empresa.

Sin embargo, en los años recientes los principales actos de corrupción han sido de los gobernantes de los estados, quienes suman alrededor de 20 detenidos, en proceso de investigación y otros más con señalamientos únicamente porque aún se encuentran en el cargo. A estos se suman varios funcionarios de Estado o de altos niveles en la administración pública.

Esta propuesta va aparejada a la iniciativa lanzada por COPARMEX CDMX el pasado 5 de octubre cuando solicitó a los legisladores la “muerte política” para los servidores públicos involucrados en actos de corrupción, a partir de su inhabilitación de por vida, así como para aquellos ciudadanos o ciudadanas quienes deseen participar en elecciones para cargos de elección popular.

Pese a que existe el beneficio donde se enuncia que una ley no puede ser retroactiva en perjuicio de nadie, esta ley contaría a partir de la fecha de su aprobación hacia adelante, por lo que se respetaría este principio. 

Este modelo de imprescriptibilidad actualmente ya está previsto en legislaciones de Ecuador, Argentina, Bolivia y Perú, en América Latina.

Actualmente, el Código Penal Federal en el Título Décimo Artículo 212 al 224, enuncia los delitos que podrían derivarse de la comisión de hechos de corrupción, y describe el tiempo de prescripción de los mismos en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años.

Sin embargo, en el ánimo de combatir los delitos de corrupción tomando en cuenta el daño que ocasiona a la sociedad y al país, la propuesta es que estos delitos no prescriban, ya que quienes los cometen en su mayoría lo hacen cuando ocupan cargos públicos donde ostentan fuero.

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